El texto tiene por objeto fijar la metodología de cálculo y asignación de los cargos que actualmente son financiados por los consumidores a través de su factura de electricidad.

Estos cargos del sistema eléctrico se destinan a cubrir determinados costes no relacionados con el suministro actual de electricidad como la retribución a la generación de energías renovables, cogeneración y residuos, la retribución de los sistemas no peninsulares (Islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla), los pagos de las anualidades del déficit del sistema, entre otros.

El borrador elaborado por el Gobierno opta por un esquema de asignación de costes que mantiene la imputación implícita en los peajes vigentes, dada la estructura por nivel de tensión, periodos horarios y términos de facturación de peajes de transporte y distribución fijada por circular por la CNMC.

Competencia explica en un comunicado que no tiene objeciones al criterio de asignación de la propuesta de real decreto.

No obstante, el organismo supervisor que preside Cani Fernández señala que teniendo en cuenta la diferente naturaleza de los costes que integran los cargos, los factores que los inducen y su alto impacto en el precio final de la electricidad que pagan los consumidores, sobre todo los de menor potencia contratada, "se invita a una reflexión integral sobre los componentes de coste y de su impacto entre los distintos consumidores de energía final, especialmente ante un escenario de incipiente riesgo de nuevo déficit de tarifa eléctrica y cuando el consumidor español paga, en términos comparativos con otros países europeos, un elevado precio por la electricidad".