El anteproyecto, que ha estado abierto a un periodo de enmiendas y alegaciones más largo de lo normal por la pandemia, ha sido ya entregado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para su análisis y posteriormente pasará al Consejo de Estado y de allí, de nuevo al Ministerio con sus pertinentes informes. "El borrador no estará en la mesa del Consejo de Ministros hasta finales de diciembre", siendo muy optimistas, precisaron a Servimedia las mismas fuentes.

Otra de las novedades que presenta el anteproyecto es que incluye la violencia sexual que sufren niñas y niños. Un fenómeno oculto que afecta a más de 700.000 menores antes de cumplir los 15 años y que en la mayoría de los casos queda impune. Para ellos se prevé la implementación del modelo anglosajón de casas de niños para rehabilitar a los menores que haya sufrido agresiones o abuso sexual

Además de la especialización de los agentes jurídicos en esta materia se elaborarán protocolos sanitarios específicos para este tipo de delito. Los forenses estarán obligados a recoger las muestras y conservarlas si la víctima en un principio no quiere denunciar los hechos.

El anteproyecto pretende también crear un "fondo de recuperación" para las víctimas de violencia sexual procedente del decomiso de los "ingentes" beneficios que obtienen la industria del proxenetismo, señalaron las fuentes del Ministerio de Igualdad, quienes también precisaron que se pondrán en marcha campañas de concienciación "específicas para los hombres" para prevenir la lacra social de la violencia sexual.

Este nuevo anteproyecto perseguirá a quien se lucre de la prostitución no sólo de forma activa y directa, sino también pasiva como ya explicó la ministra de Igualdad, Irene Montero, la semana pasada. Y así se denunciará a las personas que obtengan beneficios por el alquiler de locales que se dediquen a la explotación sexual de las mujeres, por ejemplo, pero no "si varias mujeres alquilan un piso y ejercen la prostitución sin proxeneta que controle su actividad".