La querella, a la que ha tenido acceso Servimedia, acusa a los responsables en España de las tres agencias de haber cometido delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas y de uso de información privilegiada por emitir opiniones “altamente subjetivas y de escaso rigor técnico” para manipular “deliberadamente los ranking de deuda soberana y descontrolar los mercados en lugar”, causando con ello un gran daño “a las arcas públicas españolas, a los contribuyentes y a los ahorrados españoles”.

“Estas empresas modulan, manipulan y generan situaciones, contraviniendo la legalidad penal, para obtener unos beneficios tanto directos como indirectos”, señala el escrito, presentado esta misma mañana ante el Decanato de la Audiencia Nacional para que, según las normas de reparto, sea enviada a uno de los seis juzgados de instrucción.

El juez de instrucción al que corresponda el caso deberá decidir, previo informe de la Fiscalía, si admite o no trámite la querella. Si decide hacerse cargo de la investigación, el magistrado deberá decidir si acuerda las diligencias solicitadas en la querella, entre ellas la entrada y registro en las sedes españolas de las tres agencias.

BENEFICIOS ECONÓMICOS

La querella ha sido presentada por la asociación Observatori dels Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC), con base en Barcelona. Esta organización, integrada por varios abogados catalanes y presidida por Eva Labarta, secretaria del Colegio de Abogados de Barcelona, tiene por objetivo “promover una visión integral de los derechos humanos que reconozca que todos los derechos – civiles, políticos, sociales, culturales y ambientales- son derechos fundamentales de todas las personas”, según se explica en su página de Internet.

Los querellantes piden a la Audiencia Nacional que cite a declarar como imputados a los máximos responsables en España de las tres agencias y que se ordene la entrada y registro en sus sedes para recabar su documentación contable así como sus comunicaciones internas.

También quieren que los juzgados requieran a Moody’s, Fitch y Standard and Poor’s una lista de todos sus contratos y sus clientes y de todo los informes, avisos y comunicados de prensa emitidos sobre la calificación de riesgo de la deuda española.

Los querellantes, que quieren ejercer la acusación popular en el caso, aseguran que estas agencias, mediante “la alteración en el precio de los productos financieros y deuda estatal”, obtienen unos beneficios de 3.000 millones de euros anuales.

ACTUACIÓN "OPACA"

Los querellantes indican que Moody’s, Fitch y Standard and Poor’s conforman “un oligopolio”, cuenta “con un 90 por ciento de participación en el mercado de calificaciones crediticias” y son reconocidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como “las tres con más influencia a nivel global”.

El escrito subraya que el propio FMI, en su informe de 2010 sobre la “Estabilidad Financiera Mundial”, señalaba que “estas agencias usan y abusan del poder que tienen” y “necesitan una supervisión más estricta porque sus actividades tienen un impacto significativo en los costos de endeudamiento de los países pudiendo afectar su estabilidad financiera”.

La querella, de 55 folios, también destaca que las investigaciones realizadas por el Comité para la Seguridad de la Patria y Asuntos de Estado del Senado de los Estados Unidos, acreditó que Moody’s y Standard and Poor’s realizaban una “distorsión de sus tasaciones para satisfacer a sus clientes” y consideró “controvertido” el hecho de que sean los propios emisores quienes pagan a las agencias por su calificación.

CASO MADOFF

Los querellantes destacan que la empresa de Bernard Madoff, “considerado uno de los mayores estafadores de las últimas décadas”, obtuvo una calificación triple A por la agencia Standard and Poor’s.

Como prueba de su subjetividad, el escrito señala que mientras las agencias “han castigado duramente la calidad crediticia de España” mientras que no han penalizado la deuda de Estados Unidos. “El déficit de EE UU y sus ratios de deuda son equivalentes, o incluso peores, que los de España, Portugal o Grecia”, aseguran.

La querella ilustra además con varios ejemplos las consecuencias de la rebaja de la calificación de la deuda española. Se indica que cuando Standard and Poor’s rebajó de AA+ a AA la calificación de la deuda española el 28 de abril de 2010, “la agencia no hizo pública su decisión hasta las 17:27 horas, apenas tres minutos antes del cierre de la jornada en el IBEX, y diez antes del fin de la subasta”.

Este lapso de tiempo fue “más que suficiente para que aquellos que contaran con la información pudiesen beneficiarse de la modificación calificatoria realizada por la empresa en cuestión. Basta ver la reacción: en apenas diez minutos la bolsa española lideró con creces las caídas en toda Europa y el IBEX triplicó sus caídas concluyendo con otro desplome del 2,99%”.

Los querellantes afirman que existe “un efecto directo entre las revisiones a la baja de España por parte de estas agencias de calificación y el encarecimiento de la financiación del Estado a través de la emisión de deuda pública”. Sostienen por lo tanto que “estas agencias tienen la capacidad de manipular el precio del dinero, encareciendo el costo de la financiación que busca nuestro Estado”.