La norma elaborada por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, salió adelante con el apoyo de los partidos que hicieron presidente a Pedro Sánchez, entre los que estaban PNV, ERC y varias formaciones minoritarias. Votaron en contra PP, Vox y Ciudadanos, que, sin embargo, respaldaron que la disposición sea tramitada como proyecto de ley para poder hacer aportaciones.

El decreto validado incluye medidas como declarar hábiles de los próximos 11 al 31 de agosto para todas las actuaciones judiciales. Además, se establece que los juicios, vistas y declaraciones sean telemáticos siempre que se pueda y se facilitan las reclamaciones por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en pequeñas empresas, despidos durante el confinamiento y reclamación de ayudas públicas.

En su intervención, Campo advirtió del “caos” y las “consecuencias dramáticas” que tendría tumbar el decreto, ya que habría provocado un “cuello de botella” de difícil gestión y propiciado el cierre del 80% de registros civiles. Esto último se habría producido porque, de haber decaído la norma del Gobierno, en junio próximo hubiera entrado en vigor la Ley del Registro Civil aprobada en 2018, cuyo comienzo se viene retrasando desde entonces para adaptar estos órganos a la nueva regulación.

ACTUACIONES “QUIRÚRGICAS”

El ministro defendió que la crisis sanitaria por el coronavirus ha causado en España “estragos sociales” que pueden afectar “con gravedad” al sistema judicial, por lo que hacen faltan actuaciones “quirúrgicas” al respecto. Añadió que el decreto había sido consensuado con las comunidades, entre las que dijo están tanto las gobernadas por el PP como las formaciones nacionalistas

Este planteamiento fue negado por el portavoz del PP, Carlos Rojas, quien dijo que, aunque la formación popular estaba de acuerdo en evitar el colapso judicial, el decreAsí, sostuvo que se enmarcaba en la “catarata de normas” dictadas por Gobierno durante el estado de alarma, en las que dijo ver las “garras populistas” y que llevan “al límite” las libertades de los españoles.

Por su parte, el diputado José Sánchez, de Vox, afirmó que el decreto tenía “perfiles de inconstitucionalidad y violación de derechos fundamentales”. Indicó que la disposición conlleva una “invasión en el Poder Judicial” y venía a crear unos “tribunales de excepción”, en referencia a que se contemple dedicar juzgados a tratar sólo asuntos relacionados con el Covid-19.

Asimismo, Edmundo Bal, de Ciudadanos, opinó que Campo intentaba someter al Congreso a un “chantaje” al decir que si no se aprobaba el decreto se generaría un “caos”. Este representante de la formación naranja señaló que entre los profesionales de los juzgados “nadie está de acuerdo” con la norma del Gobierno y citó como ejemplo lo referido a que se declare hábil parte del mes de agosto.

DECRETO “MEJORABLE”

Por parte del PNV, el diputado de Mikel Legarda manifestó que el propio Consejo General del Poder Judicial ha planteado que deben tomarse medidas “para reactivar el servicio de la justicia, evitar su colapso y garantizar la seguridad en la salud individual y colectiva de los funcionarios y personal, profesionales y público en general”.

En nombre de ERC, Carolina Telechea señaló que el decreto era “mejorable” y por eso pedían su tramitación como proyecto de ley. En el trámite parlamentario la formación que lidera Oriol Junqueras reclamará que se incida en medidas como la agilización de las causas y que se abra una “verdadero diálogo” con los operadores jurídicos y las comunidades autónomas.

Asimismo, José María Mazón, del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), alabó a Campo por haber aceptado sugerencias del Gobierno de su comunicad y apuntó que la disposición contra el colapso judicial tiene “muchas medidas de naturaleza procesal”.