Además, el paso a procedimiento abreviado afecta a la mercantil La finca Global Assets S.L., la Finca Somosaguas Golf S.L. y La Fina Promociones y Conciertos Inmobiliarios por delito continuado de cohecho, múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos y un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

El juez explica en su auto que en esta pieza concreta se ha investigado las actuaciones de Villarejo en torno a la promotora Procisa. Dos de los investigados, Francisco Peñalver y Susana García Cereceda, promotores de la urbanización La Finca, así como su responsable de seguridad, David Fernández, contrataron los servicios del entonces comisario en activo.

El objetivo de esa contratación sería recabar información sobre la situación en la que había quedado la promotora Procisa a la muerte de su presidente, para reclamar la herencia y averiguar también datos sobre la situación en la que quedaba el resto de los herederos.

Esos servicios, según relata el juez en su escrito, excedían de un encargo sobre la rentabilidad de la propia empresa, puesto que se investigó la vida privada de personas que nada tenían que ver con la marcha de la empresa.

José Manuel Villarejo y Rafael Redondo ofertaron a sus clientes un servicio para resolver una "situación de crisis" que incluía, añade el magistrado en su auto, "la obtención de forma ilegal, de informaciones y datos de carácter reservado: tráfico de llamadas, movimientos bancarios, información tributaria y de seguridad social, etc".

El magistrado considera que quienes encargaron los servicios a Villarejo conocían su situación de policía en activo y Villarejo se prevalió de su cargo para obtener información de carácter reservado que luego vendería a sus clientes, para que después éstos la utilizaran como instrumento de presión a su favor en las controversias económicas sobre el patrimonio social y familiar de la empresa.

El precio de estos servicios se habría fijado en 275.000 euros, más otros 150.000 en caso de rentabilización de los resultados. Procisa habría pagado 340.252 de forma opaca, a través de facturas creadas `ex profeso´.

Ahora el juez da un plazo de 10 días para que las acusaciones presenten su escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

La Fiscalía Anticorrupción se dirigió el pasado día 5 de mayo al titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional para pedirle que concluya la instrucción de las dos primeras piezas separadas de la causa y que procese al excomisario José Manuel Villarejo.

Esas piezas eran la dos y la tres del caso, conocidas como `Iron´ y `Land´ y que investiga la Audiencia Nacional. En la pieza `Land´ se estudia un informe encargado por la hija del promotor de la exclusiva urbanización madrileña 'La Finca', Susana García-Cereceda, que supuestamente le pidió que investigara a otros miembros de la familia implicados en la presunta lucha por la herencia millonaria del patriarca.

El ministerio público pide al juez que acuse a José Manuel Villarejo de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil, según indica en una nota de prensa la Fiscalía General del Estado.

El que fuera comisario de policía está en prisión provisional desde noviembre de 2017 y se le ha denegado la salida en varias ocasiones por el riesgo de fuga y la posibilidad de que el investigado pudiera obstruir las pesquisas. Se le investiga por la creación de un entramado para espiar a empresarios y políticos por encargo de empresas y particulares supuestamente sirviéndose de su condición de funcionario.