Según recordó este jueves Acade en una nota, esta situación afecta a más de 900 centros privados que escolarizan a más de 50.000 alumnos de 0 a 6 años y que dan trabajo a cerca de 7.000 trabajadores, en un 90% mujeres. Empleos que ahora están "en serio riesgo de desaparecer".

En este contexto, la asociación recuerda que “es obligación de los poderes públicos garantizar la prestación del servicio y dar respuestas a aquellas situaciones que pudieran hacer peligrar la citada prestación”.

Según las escuelas privadas "es la situación en la que se encuentran más de 50.000 familias que podrían perder la plaza de sus hijos e hijas ante una inminente desaparición de las escuelas infantiles que eligieron para escolarizar a sus hijos”.

La asociación expone el ejemplo de la Junta de Andalucía que ha aprobado una medida urgente "para garantizar el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil de su comunidad, durante el periodo de estado de alarma, otorgando en régimen de concurrencia no competitiva una subvención dirigida a los centros de educación infantil privada”.

Por último, Acade recuerda a la administración "el ahorro que implica a las arcas públicas la importante labor que desempeña la educación privada no sostenida con fondos públicos".