Así se lo trasladaron sus respectivos secretarios generales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, durante una reunión por videoconferencia mantenida con varios miembros del Ejecutivo y los presidentes de las patronales CEOE, Antonio Garamendi, y Cepyme, Gerardo Cuerva.

En concreto, en representación del Gobierno participaron en la reunión la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera; el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá; y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Durante la reunión, los sindicatos pidieron que se cancele cualquier actividad que no esté en condiciones de garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad, señalando que “es evidente que hay numerosas actividades que no deben paralizarse y otras que tienen que reconvertirse temporalmente”.

Por otro lado, las centrales sindicales mostraron su disposición a colaborar en los procesos de adaptación de la producción de empresas hacia productos necesarios en esta emergencia sanitaria, con prioridad para los Equipos de Protección Individual y respiradores.

En cuanto a la protección social, los líderes de CCOO y UGT demandaron al Ejecutivo medidas adicionales “especialmente para los colectivos más vulnerables y que no están suficientemente protegidos por las políticas adoptadas” hasta ahora.

Entre ellos, destacaron a aquellas personas que hayan agotado la prestación por desempleo y las empleadas de hogar, demandantes de empleo sin cobertura de prestación alguna, eventuales del campo sin derecho a protección por desempleo, quienes han tenido que dejar su trabajo para dedicarse al cuidado de menores y mayores dependientes, para quienes demandan un subsidio, o las personas con problemas para pagar el alquiler, para los que han planteado una moratoria.

Asimismo, reclaman el aumento de las garantías de mantenimiento del empleo, impedir los despidos individuales, condicionar las ayudas adoptadas a que las empresas no destruyan empleo, o encarecer las indemnizaciones de despido para desincentivarlos en la práctica.

En cuanto a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), han pedido “la unificación de criterios sobre la tipología (por fuerza mayor o por causas económicas, organizativas o de producción) así como unificar criterios sobre el silencio administrativo, que no puede equipararse a la validación de los mismos”.

También reclamaron que se movilicen los recursos de la sanidad privada y una mayor participación en la resolución de la crisis, interviniendo si fuera necesario sobre los precios establecidos por la utilización de estas instalaciones. “Toda la red sanitaria debe ponerse al servicio del bien común en un momento en el que se habilitan hospitales de campaña o se medicalizan hoteles”, apuntaron.

Por último, insistieron en la necesidad de que esta crisis se afronte de una manera coordinada con la Unión Europea y que se movilicen más recursos del BCE y del MEDE.