Dijo que pese a las “reiteradas peticiones” del Gobierno regional, el Ministerio de Fomento aún no ha ingresado la aportación de cerca de 127 millones correspondiente al ejercicio 2019. Además, añadió, se trata de una aportación que no ha variado prácticamente desde 2013 pese a que “las necesidades del sistema de transportes madrileño lo han hecho cerca del 23%”.

El consejero afirmó que, en lo que va de año, el Consorcio de Transportes y su departamento se han dirigido en varias ocasiones al Ministerio de Fomento para interesarse por la falta de ingreso de la aportación estatal de 2019. “Hemos recibido la callada por respuesta ante las peticiones de información y también ante las propuestas de solución planteadas por la Comunidad de Madrid”, indicó.

Actualmente, dijo, el transporte público madrileño está subvencionado, de media, en casi un 60% por los socios del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, mientras que el 40% restante lo aportan los usuarios.

Garrido destacó que la Comunidad de Madrid es la que más paga dentro del Consorcio, con un 79%, seguida del Ayuntamiento de Madrid, que aporta el 12%, y el Ministerio de Fomento, que paga un 9%. A su juicio, la financiación del Consorcio Regional de Transportes permite subvencionar más de 1.550 millones de viajes cada año, lo que supone que, sin la aportación del Estado, se dejarían de beneficiar 139 millones de viajes.

“Su irresponsabilidad implicaría para los usuarios del transporte madrileño una subida del 12,5%. Un incremento que, por supuesto, no vamos a repercutir, pero que refleja la amenaza que su indolencia supone para los ciudadanos”, afirmó.

Indicó que “la primera consecuencia va a ser una falta de liquidez en la tesorería del Consorcio Regional que derivará, necesariamente, en una demora en el pago del servicio público de transportes y un incumplimiento en el periodo medio de pago”.

Además, consideró que estas demoras se pueden trasladar también a los proveedores de los operadores de transportes e instó “al Estado a aportar la financiación pendiente de forma urgentísima y no trasladar al Consorcio, a los operadores del transporte y, en último término, a los usuarios las graves consecuencias que una cerrazón administrativa podría causar al transporte madrileño y a todos sus usuarios”.