Béjar ya compareció ante el juez el pasado 4 de julio en la primera ronda de declaraciones, en las que fueron citados ocho directivos del banco. Todos menos Béjar se acogieron a su derecho a no declarar, que sólo respondió a las preguntas de su abogado.

El investigado había sido alto directivo del BBVA antes de convertirse en presidente de Distrito Castellana Norte, la promotora de Operación Chamartín. Tras su declaración, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado como medida cautelar que se le imponga una fianza de medio millón de euros para seguir en libertad. El juez aún no ha tomado una decisión al respecto. Tampoco ha resuelto la petición de la Fiscalía para que impute al BBVA como persona jurídica por cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios.

Persona muy cercana al que fuera presidente de la entidad Francisco González, fue el único de los ocho directivos o exdirectivos del banco imputados en la causa que declaró ante el juez en la primera ronda de citaciones a principios de mes. Lo hizo de manera muy breve y respondiendo únicamente a las preguntas de su abogado. El juez García Castellón le ha vuelto a citar este viernes para preguntarle por la presunta destrucción de dos discos duros y 19 CDs de Distrito Castellana Norte, que podrían estar relacionados con contratos del excomisario José Manuel Villarejo con el BBVA para espiar a sus competidores.

Distrito Castellana Norte es la una promotora inmobiliaria filial del BBVA que estaba presidida por Béjar y de la que se sospecha que mandó destruir el citado material. Sobre este particular, la Policía ya ha tomado declaración a varios informáticos de la empresa que podrían conocer de la destrucción de los documentos, después de que el juzgado solicitara al bando toda la documentación que obrara en su poder sobre las relaciones de la entidad con Villarejo.

García Castellón investiga dentro de la `operación Tandem´, que continúa secreta, las operaciones entre el BBVA y Cenyt, la empresa de Villarejo, que podrían haber supuesto el pago de más de 10 millones de euros durante un plazo superior a 13 años, por servicios que incluirían escuchas ilegales, seguimientos y tareas de espionaje, que llegaron incluso hasta miembros del Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero.

Villarejo habría llegado a facturar más medio millón de euros por monitorizar de más de 4.000 teléfonos y hacer decenas de seguimientos a periodistas, empresarios y políticos entre 2004 y 2005 para salvaguardar los intereses económicos de la entidad.