Justo antes del comienzo de la intervención de la Fiscalía, el presidente de la sala, Manuel Marchena, explicó los "tiempos máximos" de los que dispondrán las acusaciones para exponer sus informes. La Fiscalía intervendrá en dos turnos, desde las 9.30 hasta las 11.30 horas y desde las 12.00 hasta las 14.00 horas.

Después del descanso para comer será el turno de la Abogacía del Estado, que como máximo dispondrá de las 16.00 a las 17.30 horas, y, finalmente, expondrá sus conclusiones la acusación popular de Vox, de 18.00 a 19.30 horas.

En esta sesión están presentes los cuatro fiscales que han actuado en el juicio: Javier Zaragona, que expone el primero de los bloques, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno.

Zaragoza enmarcó lo que para el ministerio público se juzga en esta vista: "El objeto de este juicio nada tiene que ver con la criminalización de la disidencia política. No se persiguen ideas políticas. Los acusados son perfectamente conscientes de esto. La razón es haber intentado liquidar la Constitución Española de 1978, el instrumento de nuestra convivencia. La razón es haber atacado gravemente el orden constitucional mediante métodos coactivos y utilizando la violencia en aquellos momentos en que la han creído necesaria. Todo ello amparado por un supuesto derecho de autodeterminación, que carece de apoyo normativo nacional e internacional.

"La única violación de derechos civiles que hoy se está produciendo en Cataluña es la que están sufriendo y padeciendo estoicamente aquellos que defienden la Constitución", insistió Zaragoza, que fue muy contundente desde el inicio de su exposición.

Defendió, como hizo el Rey, cuyas palabras rememoró, que “no hay democracia sin respeto a la ley: ese es el verdadero principio democrático”. En contraposición con este concepto de democracia, Zaragoza mencionó el "monólogo" del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras durante su declaración del pasado 14 de febrero ante el tribunal y sus "sofismas", que describió como un "ejercicio de cinismo sin precedentes" al recurrir al “síndrome de la silla vacía para justificar lo que estaba haciendo. Quien se negó a dialogar responsabiliza a los que acatan la ley", denunció.

“SIEMPRE SERÁ DELITO”

La Fiscalía, que mantiene la acusación de rebelón, insistió que en este juicio "no se criminaliza el voto, sino incumplir y desobedecer reiteradamente las resoluciones judiciales", lo que en España y fuera de España “siempre será delito". Para evitar ese ilícito, defendió, es legítimo utilizar la fuerza necesaria para garantizar el cumplimiento del mandato judicial”. Zaragoza justificaba así el envío de las Fuerzas de Seguridad del Estado para dar cumplimiento a las decisiones judiciales.

"No hay presos políticos, no son presos políticos”, insistió el fiscal. “Un preso político es aquel que está encarcelado por que sus ideas u opiniones sean una amenaza para el orden establecido".

Zaragoza insistió en que "éste es un juicio con todas las garantías”, plagado de “pruebas que confirman los hechos del escrito de acusación”, y que ninguno de los acusados ha rechazado, todos ellos “han asumido responsabilidades".

Para el ministerio público, durante el otoño de 2017 “hubo violencia física, intimidatoria”, porque lo sucedido en esos días “fue un golpe de Estado”, es decir, el intento de “la sustitución de un orden jurídico por otro con métodos ilegales y eso es el `procés´”.

Para respaldar su acusación de rebelión, en virtud de la cual solicita 25 años de cárcel para Oriol Junqueras como “motor principal de la rebelión”, el fiscal aseguró que "no hacen falta armas ni militares ni un estado de sitio”. "Los hechos eran televisados. Hay pruebas que confirman este concierto criminal para delinquir, entre el Parlament, Generalitat y asociaciones civiles", remachó Zaragoza.

Además, explicó, durante todo el otoño de 2017 "la movilización popular fue una de las armas imprescindibles para empujar este 'procés'". En este terreno, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart tuvieron una participación importante como “dinamizadores de la movilización popular para que se pudiera votar y para impedir la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.