Según informó Justicia este viernes, este ministerio, a propuesta de la Secretaría General de la Administración de Justicia, ha autorizado a la Abogacía del Estado a defender a la secretaria Del Toro, después de haya recibido “una serie de amenazas graves vinculadas al legítimo ejercicio de sus funciones”.

Esta denuncia ha dado lugar a la incoación de diligencias previas 198/2019 en el juzgado de Instrucción número 16 de Barcelona, después de que Del Toro declarara el pasado 6 de marzo como testigo en el Tribunal Supremo en el juicio por el juicio del ‘procés’. Esta funcionaria explicó cómo el 20 de septiembre de 2017 acompañó a los efectivos de la Guardia Civil que realizaron registros en la Consejería de Economía catalana.

AMENAZAS DE "VIOLENCIA FÍSICA"

La secretaria relató cómo tuvo que abandonar el edificio de la Consejería por el tejado, debido a que grupos independentistas bloqueaban la salida principal de estas dependencias oficiales. Tras este testimonio, Justicia destacó que “se publicaron en redes sociales su fotografía y datos personales, así como mensajes ofensivos y vejatorios que incitaban a la violencia física” sobre su esta funcionaria.

El departamento que dirige Dolores Delgado explicó que se ha decidido ayudar en la defensa de Del Toro tras la aprobación el pasado 3 de abril de un informe previo favorable de la Abogacía General del Estado, que es preceptivo y en conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 52/1997 de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.

Con ello se ha autorizado el ejercicio de las “correspondientes acciones penales” en nombre de esta letrada por parte de la Secretaría General de la Administración de Justicia.