Aguado trasladó su “preocupación” por el funcionamiento actual de esta agencia madrileña y por “cómo se gestiona el patrimonio de las personas tuteladas de la Comunidad de Madrid”, a la vez que criticó “la falta de rendición de cuentas y la opacidad” de este órgano regional.

Afirmó que el objetivo de esta reforma legal es “garantizar cinco cambios”, entre ellos, “la adaptación de la ley a la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU”, “la obligación de auditar externamente todas las cuentas anuales y generales que se presentan a los Juzgados” y “el refuerzo de la transparencia de la agencia mediante la obligación de hacer memorias anuales con un contenido mínimo”.

También se contempla “la obligación de la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos de contar con un código de buenas prácticas” y “la garantía del carácter público” del órgano en cuestión. “Con estas cinco reformas vamos a mejorar el funcionamiento de la Agencia de Tutela de Adultos”, dijo Aguado, quien insistió en la importancia de “garantizar la máxima protección y atención a los mayores que están tutelados por la Comunidad de Madrid”.