Así lo puso de manifiesto Virginia Álvarez Salinas, responsable de investigación del área de política interior de la ONG en el transcurso de la presentación del informe ‘Ya es hora de que me creas. Un sistema que cuestiona y desprotege a las víctimas de violencia sexual’, que realizó ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género celebrada en el Congreso de los Diputados.

Durante su comparecencia, instó a realizar campañas que expliquen qué es la violencia sexual y qué hacer en caso de sufrir una agresión sexual y exigió que todas las mujeres cuenten con asistencia letrada gratuita de calidad. Pidió un teléfono de atención especializada en casos de violencia sexual y que se forme en violencia sexual desde un enfoque interdisciplinar a los diferentes agentes sociales implicados en su erradicación.

A medio y largo plazo expresó la urgencia de revisar y aplicar un protocolo común ante la violencia de género, incluida la violencia sexual, para garantizar el mismo tipo de atención en todo el territorio y que esta no dependa de una “lotería” ante la "falta total de coordinación".

A largo plazo, apostó por impulsar la creación de centros de emergencia multidisciplinares con atención permanente y por una Ley Integral contra la Violencia Sexual que tenga en cuenta la Ley de Extranjería.

En respuesta a Sofía Fernández, portavoz del Grupo Confederal de Unidos Podemos, Álvarez reconoció que la ley contra las violencias machistas que propone esta formación recogerá "muchas de las preocupaciones de Amnistía", organización que realizará "todas las contribuciones para enriquecer esta ley si se retoma".

Por su parte, a preguntas de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Álvarez, advirtió de la "escasez de medios y recursos" para llevar a cabo la recogida de muestras forenses de cara a la interposición de denuncia y criticó que el proceso judicial es "altamente revictimizador".

CINCO VIOLACIONES AL DÍA

El presidente de la organización, Esteban Beltrán, reclamó a todos los partidos políticos un “compromiso firme y sólido” de cara a la próxima legislatura “para seguir avanzando en la lucha contra la violencia de género, incluida la violencia sexual”.

Beltrán recordó que en 2018 se denunciaron cinco violaciones al día, un total de 1.702, y aumentaron hasta 13.811 el número de denuncias contra la libertad e indemnidad sexual. A pesar de ello este tipo de violencia “ha sido la gran ausente de las políticas públicas de este país en los últimos 30 años, también en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género”.

Para Beltrán, aunque el Gobierno ha mostrado “interés” en abordar la violencia sexual, “pocas medidas se han puesto en marcha”, y de un total de 212, “solo 30 tienen en cuenta la violencia sexual”.

El responsable de Amnistía Internacional consideró “desesperante la lentitud con la que se están poniendo en marcha las medidas contempladas en el Pacto de Estado”, a pesar de que la violencia sexual hacia las mujeres “afecta hoy en España a casi un 14% de mujeres”.

Por todo ello, exigió un compromiso “explícito” de lucha contra este tipo de violencia en los programas electorales de las formaciones que concurran a los próximos comicios, que, a su entender, debe “desarrollarse con prioridad en los primeros cien días de Gobierno”.

CONVENIO DE ESTAMBUL

En la comisión también participó la Plataforma Mujeres Inmigrantes en representación de una veintena de organizaciones, que presentó un diagnóstico sobre la aplicación en España del Convenio del Consejo de Europa contra la violencia de género, ratificado por España en 2014 y publicado ya por el Consejo de Europa.

Una de sus portavoces, Silvina Monteros, denunció que estas mujeres están “sobrerrepresentadas” en las cifras sobre violencia de género y lamentó que el 32% de las mujeres asesinadas entre 2003 y 2017 por violencia de género fueron extranjeras, cifra que supone que los asesinatos afectaron a 30 mujeres por cada millón de mujeres extranjeras, mientras que los asesinatos de mujeres españolas afectan a cinco por cada millón de españolas.

En la misma línea, Francisca Guisado Adame, portavoz de la Plataforma Estambul Sombra, pidió más financiación y solicitó una participación “mucho más relevante” de las ONG en este sentido, criticando que los datos "cuantitivos" disponibles actualmente "no entran en el análisis de qué ha fallado en el sistema de protección y en qué hacer para mejorarlos”.

La plataforma instó a poner en marcha una ley de protección integral “con perspectiva de género”, a “equiparar” las ayudas de estas víctimas a las del terrorismo y a “mejorar” el funcionamiento de los juzgados especializados en violencia de género, señalando que una de cada tres órdenes de protección fueron denegadas entre 2016 y 2017 y que al 9,2% de las mujeres asesinadas el contar con una orden de alejamiento vigente “no le sirvió para proteger su vida”.

Por su parte, su compañera María de los Ángeles Rodríguez Arenas también demandó que se mejore la protección a todas las víctimas con independencia de su situación administrativa, incluidas las españolas que viven en otro Estado de la UE, y abogó por tratar judicial y socialmente como “violencia machistas agresiones a mujeres fuera de la pareja” y por un abordaje “real y preventivo” de la mutilación genital femenina.