Según indicó la asociación este miércoles en un comunicado, “estas medidas son arbitrarias, inidóneas y desproporcionadas, están huérfanas de cualquier respaldo técnico o científico y suponen un claro incumplimiento del derecho de la Unión Europea”.

Para Anfac, la ley supondrá que “ningún ciudadano europeo podrá acceder con su vehículo de combustión a estos territorios insulares a partir de estas fechas”, por lo que considera que “la prohibición incumple flagrantemente la libertad de circulación de mercancías y personas, la libre prestación de servicios, el marco europeo de homologación de vehículos de motor, los procedimientos en materia de reglamentaciones técnicas e incluso, subsidiariamente, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”.

Asimismo, los fabricantes consideran que la medida “afecta gravemente al normal funcionamiento del mercado e incide de manera gravosa y perjudicial a la libertad de circulación de mercancías”, y que supone un “grave obstáculo para la unidad de mercado español y tendrá unos efectos muy negativos para el sector”.

Por ello, Anfac solicita a la Comisión Europea “que inicie un procedimiento por infracción del Derecho de la Unión Europea y, en caso de que se mantenga la vigencia de la aprobación, que se adopten medidas cautelares consistentes en la suspensión de la prohibición”. Además, solicita al Consejo de Unidad de Mercado que proponga la adopción de las medidas necesarias para evitar la entrada en vigor de la prohibición.