En la vista oral que dio comienzo este lunes en la Audiencia Nacional con la lectura de las cuestiones previas se juzga a 30 antiguos consejeros y directivos de Bankia, el auditor de Deloitte Francisco Celma, y las tres sociedades presentes en el proceso: la propia Bankia, su matriz BFA y Deloitte.

El Ministerio Público tiene ahora en pie una acusación por estafa contra los que fueran los máximos directivos de Bankia: Rodrigo Rato, José Luis Olivas, Francisco Verdú y José Manuel Fernádez Norniella. De ampliar la acusación, estaría actuando contra los que ahora no formula ninguna acusación.

El ministerio público apoyó este anuncio de una posible nueva acusación en el contenido de nuevos informes periciales sobre la contabilidad del grupo antes de su salida a Bolsa y de documentación procedente del seguimiento que el Banco de España hizo a la entidad Banco de Valencia, filial de Bancaja y una de las entidades que acabó integrada en BFA-Bankia, y que resultó intervenida tan sólo cuatro meses después de la salida al parqué de Bankia.

Según el informe del Banco de España ya se habían detectado irregularidades en las cuentas del Banco de Valencia desde 2009 de las que el regulador había hablado con los directivos de BFA y ya en 2010 el banco “estaba en pérdidas”.

Anticorrupción también adelantó que solicitará el interrogatorio de nuevos testigos y pidió la incorporación del testimonio de los acusados Rato, Olivas e Ildefonso Sánchez Barcoj en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la quiebra del sistema financiero y también la del inspector del Banco de España José Antonio Sánchez Manzanares, encargado del seguimiento de las cuentas de BFA en 2012.

66.667 ACCIONES

La defensa del que fuera presidente de Bankia Rodrigo Rato argumentó este lunes en el debate de las cuestiones previas con las que arrancó el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, que él también acudió a la salida a bolsa de la entidad comprando 66.667 acciones por un monto total de alrededor de 250.000 euros, como muestra de su confianza en la solvencia de la operación.

También la defensa del exvicepresidente de la entidad José Luis Olivas ha recurrido a este argumento mencionando que compró acciones por un total de 150.000 euros que mantuvo en su poder durante largo tiempo después de que concluyera la oferta pública de suscripción (ops).

La sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional presidida por la juez Ángela Murillo juzga desde este lunes las supuestas irregularidades que envolvieron la salida a bolsa de Bankia el 20 de julio de 2011, por las que la Fiscalía pide para el expresidente de la entidad Rodrigo Rato cinco años de prisión por presunta estafa a inversores.

Rato junto a los exconsejeros Estanislao Rodríguez-Ponga, Francisco Baquero, José Antonio Moral Santín, Jorge Gómez y José María de la Riva, llegaron a la sede que tiene la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares a bordo de furgones policiales, puesto que todos ellos se encuentran en prisión cumpliendo la condena que se les impuso por el uso fraudulento de `tarjetas black´.

DISPENSA PARA NO ASISTIR

Prácticamente todos los exdirectivos de la entidad que están en libertad han solicitado al tribunal dispensa para poder ausentarse de las sesiones del juicio, que tiene sesiones fijadas hasta el mes de junio de 2019, y acudir sólo en los momento en los que su presencia sea imprescindible, tales como su declaración y formulación de la última palabra.

En el juicio se trata de dilucidar si la salida a bolsa de Bankia se realizó de forma fraudulenta porque, según la fiscal, "la verdadera situación financiera de BFA-Bankia fue conscientemente ocultada por los acusados".

Pese a que la Fiscalía anunció que podría acusar a los consejeros en sus conclusiones finales, que se presentarán al final del juicio dentro de varios meses, las defensas de varios de los consejeros alegaron vulneración de sus derechos fundamentales por mantener en la vista a personas que no están acusadas por el ministerio público, apelando a lo que se dio en llamar `doctrina Botín´. También hubo abogados que alegaron la ambigüedad de las acusaciones o, incluso, su prescripción.

El juicio dio comienzo algo más tarde de las 11.00 horas con la lectura del auto de apertura judicial y los escrito de acusación a los más de 30 procesados, entre los que se encuentran José Luis Olivas, Arturo Fernández, José Manuel Fernández Norniella, Javier López, Madrid, Ángel Acebes, Ildefonso Sánchez-Barcoj, Mercedes Rojo y Francisco Verdú, entre otros.

La Fiscalía, que sólo acusa a cuatro de los 34 acusados en el `caso Bankia´ que se sientan en el banquillo, está representada por Carmen Launa , que ha sustituido a Alejandro Luzón tras su nombramiento al frente de Anticorrupción. El ministerio público acusa también de estafa al exvicepresidente José Luis Olivas, para el que pide cuatro años de prisión; al exconsejero José Manuel Fernández Norniella, para el que solicita tres años, y al exconsejero delegado, Francisco Verdú, para el que pide una condena de dos años y siete meses de cárcel. Además, solicita a cada uno una multa de 60.000 euros. No obstante se reserva la posibilidad de endurecer las acusaciones según se desarrolle el juicio.

Bankia fue el resultado de la fusión de siete cajas de ahorro (Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caixa Laietana, y las de Ávila, Segovia y La Rioja). El salto al parqué de la entidad se concibió como una forma de recapitalizar la entidad duramente castigada por la crisis económica y expuesta al mercado inmobiliario. Para ello, dice el ministerio público “se ocultó” el estado financiero real del banco para obtener "a toda costa" los fondos necesarios para su saneamiento.

Para reflotar la entidad, finalmente fue necesario un rescate europeo de cerca de 23.000 millones de euros. Aunque en un primer momento, la Fiscalía descartaba la falsedad contable, Launa anunció en el debate de las cuestiones previas que se está replanteando este aspecto de sus conclusiones.

Las acusaciones populares, solicitan hasta 12 años de prisión para los 31 exdirectivos y multas millonarias para Bankia, su matriz, BFA, y la firma auditora, Deloitte, el folleto informativo de la operación mostraba cuentas que no reflejaban la imagen fiel del banco.

Por su parte, Bankia y su matriz BFA defenderán en el arranque de la vista la aplicación de la llamada 'doctrina Botín', que estableció en el caso del banquero que una persona física o jurídica no puede ser juzgada si no hay acusación por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, como ocurre en este caso, si sólo pesa en su contra la acusación popular. El jucio continuará mañan, martes.