Según informa este martes la Dirección General de la Guardia Civil, entre los delitos cometidos se encuentran el de pertenencia a organización criminal, 38 delitos de blanqueo de capitales, 10 de receptación, 32 delitos de estafa, 37 de falsificación de documentos privados, públicos, oficiales y mercantiles, y siete más de usurpación de estado civil.

Las estafas se extienden a países como Francia, Portugal, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda, Irlanda, Gran Bretaña y Rumania, además de una docena de provincias españolas, también afectadas, entre las que se encuentran Albacete, Alicante, Castellón, Cuenca, Guadalajara, La Rioja, Madrid, Murcia, Sevilla, Tarragona, Teruel y Valencia.

En el registro realizado en la vivienda del jefe de la organización, se intervinieron un ordenador portátil, varios dispositivos de almacenamiento externo, smartphones, tablets, además de varias porta-sim, con teléfonos nacionales e internacionales, tarjetas de crédito y documentos bancarios relacionados con entidades bancarias afincadas en los países afectados por las estafas.

En las diligencias, realizadas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Villarrobledo, se ha decretado prisión para dos de los detenidos, y se han bloqueado otros dos millones de euros de una cuenta bancaria.

INVESTIGACIÓN

La Guardia Civil de Villarrobledo recogió la denuncia de un vecino y representante de una empresa de legumbres, que informaba de que hacía unos meses había realizado una importante venta de garbanzos, por valor de 42.000 euros, y que no había recibido esa cantidad por parte del comprador.

Al inicio de la investigación para identificar al presunto deudor, pudieron comprobar que se trataba de una estafa compleja, en la que una persona se dedicaba a comprar grandes cantidades de mercancías a distintas empresas que nunca abonaba y que, a su vez, vendía a una segunda persona.

Realizada esta venta, el adquiriente se encargaba de incorporar la mercancía en el mercado lícito, vendiendo estos productos a un precio muy inferior al valor del mercado, pagando los beneficios que le correspondían al vendedor a través de diversas cuentas bancarias afincadas en varios países de la Unión Europea.

Estas cuentas bancarias eran gestionadas por una tercera persona, quien había creado un entramado de empresas a nivel europeo a través de las cuales, realizaban multitud de movimientos entre ellas, para enmascarar y dificultar una posible investigación policial.