A través de una pregunta parlamentaria, ERC explica que tal discriminación, a través de un cambio “arbitrario” en la estructura tarifaria que se implementó en 2017, ya fue denunciada por Capdevila en una anterior iniciativa parlamentaria, sin que haya obtenido respuesta.

El Gobierno, indica la formación política, aplica en distintos territorios tarifas eléctricas “discriminatorias” entre los tramos de tensión 25 kV y 36 kV, “a pesar de los informes desfavorables de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) relativos a las sucesivas modificaciones de tarifas eléctricas”.

Según la pregunta de Capdevilla, los informes avalan que la discriminación entre los tramos de tensión entre 1 a 30 kV y entre 30 a 36 kV “no está justificada por motivos técnicos, sino que responde a la decisión discrecional del Gobierno para establecer políticas que favorezcan más a determinados territorios”.

Así, el diputado apunta que la discriminación del cambio arbitrario en las tarifas de los peajes eléctricos en alta tensión afecta a un número aproximado de 4.450 empresas que no pueden beneficiarse del peaje.

Del total, 3.277 están ubicadas en Cataluña, a las que la decisión del Gobierno supone un sobrecoste de 300 millones anuales, y el resto de las empresas están en Aragón y Extremadura.