Este viernes vence el plazo dado por el Ejecutivo comunitario sobre las actuaciones puestas en marcha por varias administraciones españolas después de que el comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, convocara el pasado 30 de enero una cumbre ministerial en Bruselas (Bélgica).

A esa cumbre acudieron representantes de España (la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García) y otros ocho países, concretamente Alemania, Eslovaquia, Francia, Italia, Hungría, Reino Unido, República Checa y Rumanía. La Comisión Europea les advirtió de que podría llevarlos ante el Tribunal de Justicia de la UE por incumplir los límites legales de contaminantes en el aire.

Fuentes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente aseguraron a Servimedia que “el Gobierno contestará hoy a la Comisión Europea, en tiempo y forma, enviándole la documentación de las medidas puestas en marcha por todas las administraciones de España competentes en materia de calidad del aire”.

Esas fuentes indicaron que esa documentación ya estaba en poder de la Comisión Europea y se completará con el compromiso de las administraciones implicadas de agilizar todas las medidas puestas en marcha y con las nuevas medidas anunciadas por el Ayuntamiento de Madrid de restricciones de aparcamiento y circulación en episodios de alta contaminación a los vehículos de gasolina anteriores a 2000 y diésel anteriores a 2006.

Además, el Ministerio envió a Bruselas el Plan Nacional de Calidad del Aire 2017-2019 (Plan Aire II), aprobado el pasado 15 de diciembre por el Consejo de Ministros con 52 medidas agrupadas en ocho áreas: información, fiscalidad ambiental, movilidad, investigación, agricultura y ganadería, sector residencial, sector industrial y transporte.

MADRID Y BARCELONA

El Gobierno señala que los incumplimientos objeto de dictamen motivado de Bruselas no son un problema general, sino que afectan a áreas geográficas muy localizadas de Asturias y Andalucía en cuanto a los límites legales de partículas (PM10), y en la ciudad de Madrid y Barcelona y su área metropolitana respecto de los de dióxido de nitrógeno (NO2).

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, destacó este miércoles en el Pleno del Congreso de los Diputados que la calidad del aire es “un tema de máxima preocupación” medioambiental y de salud pública al que el Gobierno da “la máxima prioridad”, y recordó que la competencia en esta materia es de los ayuntamientos.

Tejerina señaló que en España no hay un problema generalizado de calidad del aire y que los incumplimientos legales de contaminantes atmosféricos se circunscriben a “zonas geográficas concretas”, con “los principales focos” en Madrid y Barcelona, donde “habitan millones de españoles” y gobierna Podemos y sus confluencias, a los que acusó de “poner en juego la salud de millones de personas”.

Ese mismo día, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid y la responsable del Área de Ecología, Urbanismo y Movilidad del de Barcelona, Janet Sanz, exigieron al Gobierno español que penalice fiscalmente a los vehículos diésel e incentive a los no contaminantes, y atacaron a Tejerina por supuestamente eludir sus responsabilidades y trasladarlas a la ciudades, cuando señalaron que la contaminación es “un problema de Estado”.