Francisca García, vocal de esta asociación por Andalucía, declaró a Servimedia que además de las 30 clínicas pertenecientes a ACAI, han cerrado hoy otros centrosno asociados a ella en Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca.

García confió en que la "buena" acogida que está teniendo hoy el paro entre las clínicas abortistas continúe toda la semana, porque, a su juicio, "no se está garantizando el derecho de las mujeres al aborto ni la seguridad jurídica de los profesionales del sector".

Para esta asociación de clínicas, "ni desde el Gobierno ni desde la administración madrileña" se están garantizando los citados derechos.

"Pese a que ACAI ha solicitado diversas entrevistas con autoridades de la Administración madrileña, la Judicatura y la Administración General, en un claro esfuerzo por abrir vías de diálogo, dichos encuentros no han llegado a producirse", afirma la asociación.

En este sentido, García confió también en que la huelga de esta semana sirva para propiciar estos contactos y no descartó volver a emprender paros si no logran entablar conversaciones con las autoridades competentes.

Si no hay respuesta por parte de las autoridades, subrayó esta vocal de ACAI, "estudiaremos diversas formas de lucha como volver a plantear paros".

Desde ayer en Cataluña y desde hoy en el resto de España, los centros de ACAI no realizarán abortos esta semana, a excepción de los servicios mínimos y la atención de casos de especial gravedad.

Las clínicas acreditadas intentan con esta medida llamar la atención de las autoridades correspondientes "sobre lo que puede llegar a ser un grave problema de salud pública, habida cuenta de que el sector privado realiza el 98 por ciento de las interrupciones del embarazo y que 101.592 mujeres abortaron durante el año 2006".

Concretamente, las clínicas concertadas vinculan las medidas que han decidido tomar y las que consideren oportuno realizar en los próximos días a la consecución de tres objetivos básicos.

En primer lugar, que se respete el derecho de las mujeres a recurrir al aborto, como prestación sanitaria básica, dentro de la legalidad vigente; en segundo término, que se garantice la seguridad jurídica y física de los profesionales que posibilitan el recurso al aborto, y, por último, que las fuerzas políticas posibiliten un consenso necesario "para reformar una legislación que no cubre la demanda social existente en nuestra sociedad".

En opinión de ACAI, esta reforma necesariamente deberáposibilitar la articulación de una ley de plazos, similar a la que disfrutan el resto de países europeos.